La periodista Anna-Lena von Hodenberg, cofundadora de HateAid, una organización alemana que defiende los derechos humanos en el espacio digital, fue sancionada por el departamento de Estado de EE.UU. por perjudicar a las grandes plataformas tecnológicas americanas. Esta medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos digitales, ya que puede ser el comienzo de una campaña de represalias contra aquellos que cuestionan el poder de las tecnológicas.
La situación de Von Hodenberg no es aislada. El excomisario europeo Thierry Breton y otros cuatro individuos con perfiles similares también han sido sancionados y tienen prohibido entrar en los EE.UU. La relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha sido considerada una terrorista por EE.UU. y no puede acceder a ningún dinero en ningún lugar del mundo que no sea en efectivo.
En este contexto, la cumbre de barcelona sobre derechos digitales, convocada por el Gobierno español y la Mobile World Capital, puede ser una oportunidad para posicionar a la ciudad en la vanguardia de la causa contra el tecnoautoritarismo. Sin embargo, la cita de mayo se quedará en una oportunidad perdida si se limita al debate sobre los efectos perversos de estas tecnologías. Ya los conocemos, ya llevamos años debatiendo el asunto, y ya están contemplados en la ley de servicios digitales que Europa es manifiestamente incapaz de aplicar.
La avanzada legislación europea sobre IA y otros ámbitos digitales es poco más que papel mojado si la industria que tiene que acatarla no reconoce su validez. Sobre todo cuando las tecnológicas trabajan en estrecha connivencia con una administración tan desinhibida como la actual Casa Blanca, capaz de aplicar represalias con gran poder intimidatorio. Expertos, analistas, activistas de toda condición han advertido de que la industria tecnológica debe ser regulada para evitar que se convierta en una amenaza para la democracia y los derechos humanos.
Más que inventariar los derechos pisoteados, lo que requiere el momento es un activismo firme –que no pida permiso– en pos de una soberanía digital europea que sea alternativa a las tecnooligarquías. La hoja de ruta ya está diseñada, con fórmulas como la iniciativa EuroStack que lidera la economista y tecnóloga Francesca Bria. Existen también proyectos empresariales en torno a los cuales construir ese ecosistema soberano, y un activismo que debería estar presente en la cita barcelonesa. Activismo social y, por qué no, activismo gubernamental, porque la gravedad de la situación requiere superar la fase de debate y pasar a la acción.
El activista Cory Doctorow, autor de Mierdificación, enfatizaba que la Casa Blanca ha situado en la diana a cualquier persona que tenga que ver con la ley de Servicios digitales, hasta el punto de solicitar a sus empresas tecnológicas que entreguen los mensajes privados de algunos funcionarios europeos para poder sancionarlos. La deriva autoritaria de EE.UU. convierte en verosímil la distopía orwelliana, y la cumbre de barcelona debe ser un llamado a la acción para evitar que esta distopía se convierta en realidad.
En resumen, la cumbre de barcelona sobre derechos digitales es una oportunidad para posicionar a la ciudad en la vanguardia de la causa contra el tecnoautoritarismo, pero solo si se pasa a la acción y se adoptan medidas concretas para regular la industria tecnológica y proteger los derechos digitales de los ciudadanos. La gravedad de la situación requiere superar la fase de debate y pasar a la acción, y la cumbre de barcelona debe ser el comienzo de un movimiento que defienda la soberanía digital europea y los derechos humanos en el espacio digital.